La UE revisa el límite a motores a combustión

La industria automotriz europea logró un cambio relevante en la política de la Unión Europea vinculada a los motores de combustión. El 16 de diciembre, la Comisión Europea presentó un plan para levantar la prohibición vigente sobre la fabricación de nuevos vehículos con motor térmico a partir de 2035, según informó Reuters, aunque la medida aún deberá ser aprobada por los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo.

La decisión se da luego de más de dos años de pedidos por parte de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y del apoyo explícito de países como Alemania e Italia, que manifestaron su preocupación por el impacto económico y productivo de una prohibición total. En su momento, Alemania condiciona su voto favorable a que se habilite la continuidad de los motores que utilizan combustibles sintéticos, condición que finalmente fue aceptada.

El esquema vigente establecía una reducción progresiva de emisiones de CO₂, con exigencias cada vez más estrictas y la aplicación de multas para los fabricantes que superaran los límites establecidos en el promedio de su flota. Esta política obligó a reducir la producción de vehículos a combustión —los de mayor volumen de ventas— e incrementar la de modelos híbridos y eléctricos, cuya demanda resulta menor y cuyos costos son más elevados.

Este contexto derivó en dificultades financieras para las automotrices y en recortes de empleo en distintas plantas europeas. Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentaron el dilema de subsidiar la transición para evitar impactos sociales o sostener un objetivo ambiental con altos costos económicos.

La propuesta presentada por la Comisión Europea modifica el objetivo original de reducción del 100% de emisiones de CO₂ y lo reemplaza por una meta del 90% respecto de los niveles de 2021. El 10% restante deberá compensarse mediante el uso de acero de bajo contenido de carbono producido en la Unión Europea y la incorporación de combustibles sintéticos o biocombustibles no alimentarios, como residuos agrícolas o aceites usados.

Además, el plan otorga a los fabricantes un período de transición entre 2030 y 2032 para alcanzar una reducción del 55% de emisiones en vehículos, mientras que para las furgonetas el objetivo de 2030 se ajustaría del 50% al 40%.

Tras el anuncio, organizaciones ambientalistas comenzaron a manifestar su rechazo, calificando la medida como un retroceso frente al impulso de los vehículos eléctricos, lo que anticipa un nuevo debate en el ámbito político y regulatorio europeo.

Fuente: Infobae // Reuters